Cusinato y Chemes impulsan consulta sobre el 82% movil

Dirigentes políticos de la oposición y entidades gremiales acordaron impulsar la aprobación en el Congreso de una consulta popular vinculante, que obligue al Gobierno a asegurar el 82 por ciento móvil en la mínima jubilatoria.

Radicales, socialistas e integrantes del GEN realizaron ayer en conjunto una convocatoria para impulsar la consulta popular vinculante que busca establecer un piso del 82% móvil del salario en los haberes jubilatorios.

El lanzamiento en Paraná de la campaña nacional que busca retomar el proyecto aprobado el año pasado y luego vetado por la presidenta Cristina Fernández, estuvo encabezado por los diputados nacionales por Entre Ríos Lisandro Viale (Partido Socialista) y los radicales Atilio Benedetti, Jorge Chemes y Gustavo Cusinato (UCR), además del presidente de la UCR entrerriana, José Artusi y el ex diputado Sergio Varisco. Por Generación para un Encuentro Nacional (GEN), estuvieron Néstor Golpe y Valentina Uranga.

Participaron también Alfredo Bel y Alfredo De Angelli, de Federación Agraria Argentina y por Fedeco, Gonzalo Álvarez Maldonado y Edgardo Barzola; y el representante de Jubilados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Carlos Levinez.
Todos firmaron una declaración en la que se comprometieron a apoyar y difundir activamente la convocatoria a la consulta popular vinculante que requiere de la aprobación de un proyecto de ley, presentado por Viale en Diputados, en los términos de lo establecido en el artículo 40 de la Constitución Nacional.

La Carta Magna faculta al Congreso para que, a iniciativa de la Cámara de Diputados, someta a consulta popular un proyecto de ley. “La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”, dice la Constitución.
Una vez aprobado el proyecto en el recinto, la consulta popular tendría lugar el último domingo del mes subsiguiente al de la sanción de la ley. Para que el 82% se imponga, en esa consulta vinculante la opción por el “si” debería alcanzar el 35 por ciento del padrón electoral nacional.

POLÍTICAS DE ESTADO. El documento firmado enfatiza, entre otras cosas, que “es necesario establecer un sistema de determinación del haber mínimo que permita adecuar con un criterio de justicia y razonabilidad los haberes de pasividad a las remuneraciones del activo, tal como se desprende de la interpretación constitucional que ha realizado la Corte (Suprema de Justicia)”.
Viale comentó que la campaña que se desarrollará en toda la provincia ya que, según remarcó el impulsor del proyecto, “la participación ciudadana es clave para el éxito de la consulta”.

La convocatoria realizada pretende “contribuir a situar el debate por las jubilaciones en el plano de la determinación de verdaderas políticas de Estado, y no en una mera discusión entre oficialismo y oposición”.
Menciona el texto que el haber jubilatorio no es otra cosa que un sustituto del salario y que por ello el monto a percibir por el jubilado debe tener una relación directa con la remuneración que percibe el trabajador en actividad. “Cumplir esa relación es ajustarse a lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostienen.

OBJETIVO. Afirman que el salario mínimo vital y móvil y el haber mínimo previsional son mecanismos regulatorios que dispone el Estado para garantizar que las familias de los trabajadores por un lado, y los jubilados y pensionados por otro, tengan los medios económicos básicos para vivir dignamente y evitar caer en situaciones de pobreza.
En ese sentido, consideran necesario establecer un sistema de determinación del haber mínimo que permita adecuar “con un criterio de justicia y razonabilidad” los haberes de pasividad a las remuneraciones del activo, tal como se desprende de la interpretación constitucional que ha realizado la Corte.

Indican que ni los distintos mecanismos legales que pretendieron suplantar el principio de movilidad, ni los aumentos jubilatorios decretados por el Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2007, ni los resultados arrojados por la fórmula de movilidad desde marzo de 2009, han podido recomponer los haberes de “uno de los sectores más castigados de nuestra sociedad”.
“Los haberes mínimos caen cada vez más en relación a la línea de pobreza y a las pautas inflacionarias reales. Esto es lo que explica en gran medida la alta litigiosidad del sistema, con aproximadamente 450 mil juicios acumulados en todo el país, a un ritmo de 100 mil nuevos juicios por año”, indican.


“Voluntad política”

La declaración que se firmó ayer pone de relieve el desfasaje entre la evolución del salario mínimo y el haber previsional mínimo. Menciona que el haber mínimo tiene un valor de 1.227,80 pesos, a lo que se adiciona otros 45,35 pesos que otorga el PAMI en calidad de subsidio sanitario, llegando a 1.272 pesos. Por su parte, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, estableció el salario mínimo en 1.840 pesos desde enero de este año. De aprobarse la iniciativa, el haber mínimo jubilatorio sería de 1.555 pesos.

“Hoy tenemos una Anses rica, y jubilados pobres. Y hay razones de peso para sostener este argumento: la Anses maneja un presupuesto de $100 mil millones anuales, tiene un Fondo de Garantía que ya supera los $150 mil millones (y arroja una rentabilidad anual de $8.500 millones), y viene alcanzando año a año importantes superávit. Debe señalarse que el 90% del superávit corriente del Anses de 2010 fue utilizado para financiar el Tesoro Nacional. Mientras tanto, el 75% de los jubilados perciben jubilaciones que los colocan en situación de pobreza”, observan.
El documento concluye que se trata de “una cuestión de voluntad política y de establecimiento de prioridades de gasto. Estamos discutiendo si podemos sacar a 4 millones de jubilados de la pobreza; esa es la verdadera naturaleza del debate”.